El Blog de IVÁN ANDRÉS

Las consecuencias económicas del Sr. Zapatero May 13, 2010

En julio de 1925, John Maynard Keynes, gran economista precursor de la corriente económica llamada keynesianismo, publicó en el diario londinense «Evening Standard»: «Las consecuencias económicas de Mr. Churchill«, texto de crítica al nuevo canciller del Exchequer (ministro de Hacienda del Reino Unido), que pretendía restablecer el patrón oro; con un tipo de cambio sobrevaluado, inspirado en razones de prestigio, más que económicas. Churchill vio como máximo responsable de la economía británica como el desastroso retorno británico al Patrón Oro, resultó en deflación de la moneda, paro y una huelga de mineros que desembocó en la Huelga General de 1926. Keynes en su artículo argumentó correctamente que el regreso al patrón oro traería consigo una depresión mundial; y con los años, el propio Churchill admitió que esta había sido una de las peores decisiones de su vida.

Hoy conviene recordar las enseñanzas de este gran economista ante las decisiones erroneas que en materia económica está adoptando el Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y que ayer tuvieron un nuevo giro de tuerca con el que, con toda seguridad, será conocido en el futuro como el «Zapaterazo».

Desde que «oficialmente» el Gobierno socialista reconoció la situación de crisis económica por la que estamos atravesando se han sucedido diversas iniciativas con el propósito, al menos teórico, de paliar la situación de los más necesitados y fomentar la recuperación económica. Iniciativas como el Plan «E», el 2000E, el fondo para ayuda al sector financiero, el incremento de inversiones en infraestructuras, la ayuda a los parados que habían agotado sus prestaciones, etc. seguían el guión propio de políticas de reactivación de la demanda que bien podría haberlas firmado J.M. Keynes y los economistas de la escuela keynesiana. Se pretendía de esta forma contrarrestar la caída de la demanda interna y externa, evitar el colapso del sistema financiero y aliviar las penurias sufridas por los más afectados por la crisis.

Sin embargo, en las últimas fechas, estás políticas en principio adecuadas en cuanto a su objetivo, aunque no tanto en lo referente a su ejecución (el Plan «E» es tal vez el caso más paradigmático a este respecto), han dado paso a recetas de carácter ultraliberal, las cuales deberían haber sido propias del pasado teniendo en cuenta que fueron precisamente estas las que nos condujeron a la situación que vivimos actualmente. En gran parte este cambio ha sido  fruto de las presiones de organismos internacionales que una vez más han demostrado estar completamente alejados de la realidad económica y social como el FMI, la Comisión Europea, la OCDE, etc, de los propios mercados financieros y de las organizaciones empresariales en su conjunto, todos ellos grandes responsables de los excesos cometidos, origen de la crisis financiera internacional que desencadenó , junto con un modelo productivo español completamente desequilibrado e inadecuado, en la crisis económica actual.

Lejos quedan la palabras de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 en las que abogaba por planes de estímulo económico con la utilización de los presupuestos públicos sin importar demasiado cuestiones como el déficit público. Atrás quedan ideas como la creación de empleo, la reactivación económica o la ayuda a los más desfavorecidos. Hoy parece que lo único que preocupan son las cifras macroeconómicas y la deuda pública.

Las políticas keynesianas han dado paso, lamentablemente, a recetas liberales propias de los 90 en las que la reducción del déficit son el único objetivo con el fin de apaciguar a los mercados y especuladores financieros, verdaderos dueños y señores de las políticas económicas de los gobiernos. Hasta el propio Obama, en su día adalid de la aplicación de políticas keynesianas para salir de la crisis (cabe recordar que el déficit en EE.UU. previsto para este año era del 10,6 %, el más alto desde la SGM), presionó al presidente español en la adopción de severas medidas que permitan un ajuste rápido e importante de las cuentas públicas españolas.

Las medidas anunciadas ayer en el Congreso de los Diputados por el Presidente del Gobierno deben entenderse una vez como una victoria de los poderosos sobre el conjunto de la población, que una vez más va a pagar los excesos de los primeros. Una vez más los trabajadores públicos (muchos de ellos mil euristas que en poco o nada se han beneficiado estos años de bonanza), los pensionistas, los dependientes y la población en general va a ser quien pague los platos rotos. Mientras tanto, la banca, las grandes fortunas y los especuladores se salen de rositas y vuelven a dejar la cuenta sin pagar para que entre todos aportemos «a escote» no vaya a ser que se resientan sus pingües beneficios.

Porque lamentablemente la cosa no se va a quedar en las medidas ayer propuestas y ya tan comentadas en la blogosfera. Las medidas anunciadas, junto con la subida del IVA que se pondrá en marcha el mes de julio, producirán con toda seguridad una caida en la demanda interna (añadida a la derivada del propio descenso del gasto público) y por tanto una vuelta a la situación de recesión de la que tímidamente y según las últimas estadísticas estabamos empezando a abandonar. De nuevo se generará mayor desempleo y cierres de empresas por la depresión del consumo y así se volverá a entrar en una nueva espiral negativa que desde luego no nos llevará a salir de la crisis actual. Dificilmente esta reducción supuesta del déficit va a generar más empleo como machaconamente desde los medios de comunicación próximos (por no decir dependientes) al gobierno se viene repitiendo desde ayer por la mañana. A diferencia de EE.UU., donde el plan de ajuste se está realizando cuando ya parece consolidada la recuperación económica, en España la decisión de cuadrar las cuentas públicas se ha tomado cuando no existen indicios de que esta sea firme. Los famosos brotes verdes se marchitarán a una velocidad equiparable a la destrucción de empleo que hemos vivido en los últimos meses y supondrá que la salida de la crisis será lenta y muy dolorosa para las clases medias y bajas, al final, únicas páganas de la mala gestión, los excesos y los delirios de grandeza de nuestras clases dirigentes.

Sin duda el clima social se enrarecerá hasta límites que parecen de un pasado muy lejano, lo cual no permite crear el clima más adecuado para la recuperación. Es predecible que aumenten los problemas sociales de exclusión y marginación y que además los servicios públicos, que como no puede ser de otra manera se resentirán por la caída del presupuesto público, no tendrán la capacidad para resolver la situación.

Tampoco parece plausible que nadie pueda asegurar que las medidas adoptadas vayan a suponer lograr el objetivo que se proponen, esto es, cuadrar las cuentas públicas. Reducir la retribución de los empleados públicos y la inversión pública tiene efectos directos en la recaudación impositiva. Si tenemos en cuenta que teoricamente la reducción de sueldos de funcionarios se estima ahorrará al estado 4.500 millones de euros y asumiendo que el tipo medio efectivo del IRPF se situa en el 16%, el Estado dejará de ingresas 720 millones de euros por este concepto, mientras que por Cotizaciones a la Seguridad Social no recaudadas se perderán casí 1.300 millones, que repercutirán naturalmente en la viabilidad del sistema social (tal vez la escusa perfecta para dar el siguiente tijeretazo). En definitiva 2.000 millones menos de recaudación.

Y es precisamente en el lado de los ingresos donde se debería haber actuado. Tal y como proponen varios economistas de izquierda en la edición de hoy del Diario Público, debería haberse actuado en diferentes impuestos que los últimos años han sido revisados con el único fin de favorecer a las clases más pudientes pudientes tales como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y un largo etcétera. En definitiva que la crisis la paguen los que más tienen y los que más se han beneficiado del periodo de bonanza anterior y no los más necesitados y las clases trabajadores.

Todas estas son las consecuencias de las decisiones adoptadas por un Presidente, el Sr. Zapatero, que si tuviese un poco de decencia política debería presentar de manera inmediata una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, que desde luego no puede más arrogarse el calificativo de socialista dado que al hacerlo insulta a todos aquellos que creemos en una forma bien distinta de lo que debe ser la izquierda política, y lo que es peor, insulta a la inteligencia de todos al plantear estas medidas como las únicas posibles y completamente necesarias para salir de una situación que otros han creado y por la que no van a pagar ya no la cuenta, ni siquiera la propina.